Existen avances en la movilización social que permiten reconocer a la dependencia funcional y a la necesidad de cuidados como un problema público que necesita acciones políticas específicas, aseguró Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría (INGER).
En el marco del simposio El sistema Nacional de cuidados: una prioridad impostergable organizado por la Academia Nacional de Medicina de México en coordinación con el INGER, el especialista refirió que México se enfrenta ya a un reto mayúsculo en cuanto a cuidados a las personas mayores.
“La edad de inicio de una discapacidad o un deterioro funcional significativo en México es de 74 años en promedio. Menos del uno por ciento de las personas mayores dependientes en México residen en alguna institución pública o privada, el resto siguen en su domicilio recibiendo cuidados por parte de la familia, 70 por ciento de los cuidadores son mujeres”, detalló.
El evento estuvo organizado por la Academia Nacional de Medicina de México y contó con la participación de la mesa directiva de la institución integrada por su presidenta, la doctora Teresita Corona Vázquez; el vicepresidente doctor José Halabe Cherem; el tesorero, doctor Gilberto Felipe Vázquez de Anda; y la secretaria adjunta, doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante.
El doctor Gutiérrez Robledo señaló el panorama en México del tema de cuidados y puntualizó que se debe de transitar de una perspectiva de caridad y beneficencia a una perspectiva de derechos. Esta transición institucional requeriría un esfuerzo presupuestal importante, lo cual ha detenido el impulso. No obstante, la pérdida de capital que genera no tener una política pública sobre cuidados es cuantiosa y alcanza los 34 mil millones de pesos.
“Debemos de llegar a ver el derecho al cuidado como un derecho fundamental reconocido en el país. Es algo urgente debido a que en el país se están gastando 34 mil millones de pesos en recursos hospitalarios y en gasto de bolsillo en las familias, sin que esto implique que se va a resolver el problema. Para poder financiar esto necesitamos crear un nuevo modelo de necesidad de cuidados”, puntualizó.
De igual manera, prestó atención al trabajo de cuidadores en México, quienes no cuentan con la capacitación específica que se requiere para brindar un esfuerzo coordinado y eficiente. En la mayoría de los casos, los cuidados son brindados por la familia sin el apoyo de las instituciones del Estado.
Sandra Huenchuan coincidió en esta necesidad y visibilizó los esfuerzos en la región puesto que el envejecimiento progresivo de la población en todo el continente requiere considerar al cuidado como un derecho fundamental. Detalló que es urgente la necesidad de una respuesta pública en esta materia, congruente con el momento histórico y a la denominada crisis del cuidado.
Por su parte, el doctor José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad General, explicó que la morbilidad y discapacidad son factores de riesgo que llegarán a puntos críticos en las siguientes décadas debido al cambio demográfico que se avecina en México. También, plantean una carga compleja para las familias que enfrentan solas los procesos de enfermedades de sus integrantes.
En este sentido, abundó en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Salubridad General que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se instruye a las instituciones del Sistema Nacional de Salud a garantizar la prestación de servicios de cuidados a largo plazo.
Para concluir, el doctor Gutiérrez Robledo aseguró que el INGER trabaja sobre objetivos y planes de acción para lograr la consolidación de una política pública que contemple la creación de un sistema nacional de cuidados que garantice que las personas de 60 años y más con dependencia y sus cuidadores gocen de una mejor calidad de vida y vean respetados sus derechos humanos.
“Necesitamos crear modelos para pasar de un cuidador obligado por las circunstancias al cuidador empoderado con capacitación, remuneración y reconocimiento. De una política para salir del paso, a una política formal y estructurada, a la vez que se perfila una institución de cuidados universal que coordine servicios y derechos que pueda dar respuesta a la demanda”, precisó.